Definitivamente que no es tarea fácil
diseñar una estrategia para prevenir y reprimir el flagelo de las drogas
ilícitas, cuando ni siquiera las naciones del mundo tienen claro, si su combate
conviene por razones de salud universal, preservación y vigencia de la
institucionalidad del Estado Moderno de Derecho o bien sencillamente, porque
amenace la seguridad de los países que diseñan e imponen una política mundial,
sirviéndose de organizaciones de carácter internacional que los impulsa como “dueños
del mundo” y la cinematografía que, a través de las pantallas, los
proyecta a su vez como “soldados universales”.
Resulta aún más difícil establecer una
política criminal en materia de drogas ilícitas, cuando ella es diseñada e
impuesta por aquellas naciones que sobre la bases de su hegemonía, siempre
tienden a menospreciar la realidad social, económica y política de países como
el nuestro que de igual forma, no escapan de los efectos asfixiantes y
extorsivos de sus empréstitos, gracias también a la inadecuada política
económica ejecutada por nuestros gobiernos durante muchos años.
Mientras tanto bajo una óptica distinta,
otros estiman que la dificultad no sólo está en la inteligencia del concepto drogas
ilícitas o prohibidas, sino también en la adopción de una acepción
válida jurídicamente. Atribuyen su importancia porque a su juicio, permite la
despenalización del consumo de aquellas como la marihuana, considerada dentro
de la comunidad científica una “droga blanda” por sus efectos
terapéuticos en el tratamiento de ciertas enfermedades respiratorias.
Asimismo lo advierten, porque hay muchas
drogas que generan dependencia física y síquica; sin embargo, la Organización
Mundial de la Salud no se esfuerza porque se incluyan en el listado de drogas
ilícitas, por no afectar los intereses de las grandes transnacionales,
propietarias de los laboratorios farmacéuticos.
Basta mirar cómo nuestra legislación a
medida que internacionalmente se adoptan nuevas acepciones, las hace suyas
modificando el artículo 256 del Código Penal como por ejemplo, cuando se
aprovechó la Ley No. 13 de 27 de julio de 1994 para incluir los precursores y
substancias químicas indispensables para la elaboración de drogas ilícitas.
Ahora bien, cómo diseñar una adecuada
política criminal en materia de drogas si por un lado, mi profesor MUÑOZ POPE advierte que las cifras
reales de la criminalidad conexa a los delitos de drogas es desconocida y por
tanto, la magnitud del fenómeno criminal.[1] Mientras que por el otro, el
Secretario de Estados Unidos James Baker el 22 de febrero de 1990, ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas, revela que en un incidente de tráfico
ilícito de drogas en la ciudad de Los Ángeles, lograron la incautación de
veintidós toneladas de cocaína almacenadas y por su valor en el mercado ilícito
de la droga supera el “producto nacional individual de las cien
naciones representadas actualmente en la Asamblea General”.[2]
No obstante, lo cierto es que frente
aquella realidad debemos reaccionar y reformular posiciones. Pues, la familia
que sirve como núcleo de la sociedad moderna, se encuentra en un franco proceso
de degeneración social en que si bien es cierto, los valores morales y éticos
permanecen incólume; sin embargo, las nuevas generaciones adoptan otros ajenos
a la espiritualidad como esencia natural del ser humano. Por tanto, la
materialidad va malogrando la sociedad actual y hace de cada uno de sus
miembros, presa fácil de la criminalidad.
Resulta interesante preguntarnos los
penalistas y criminólogos, frente aquella realidad también, será que la
solución al fenómeno de la criminalidad está por ejemplo, en la Sociología,
Sicología o Siquiatría forjando mejores miembros y sanando aquellos que en
medio de esta vorágine social conforman la sociedad; en la Economía procurando
una distribución de las riquezas y calidad de vida más equitativa y justa; en
la Ciencia Política ofreciendo una nueva corriente ideológica o forma de
gobierno que sirva para dirigir la vida política del Estado Moderno de Derecho
Constitucional; en la Teología que nos ofrece pasar de la vida terrenal a la
celestial, o sencillamente ya es tiempo de convenir un nuevo pacto social y
sumarnos en un solo as de voluntades en procura de nuevos derroteros sociales.
La pregunta la consideramos oportuna,
porque nuestra ciencia el Derecho Penal, pareciera encontrarse en una
encrucijada entre la prevención y represión del delito, por una parte y por la
otra, la Criminología que a pesar de conocer las posibles causas de la
criminalidad y contar con un diagnóstico de la misma, no dispone de un sistema
propio para enfrentarla y contrarrestarla, al tiempo que los penalistas no
escuchan a sus expertos, como afirma mi Profesora MARCELA MARQUEZ; motivo por el cual seguimos buscando la solución
al fenómeno de la criminalidad, respondiendo con una “hipertrofia legislativa” o tal cual lo advierte TOCORA, a través
de una “hemorragia legislativa”
tipificando conductas que no merecen ser penalizadas.
Preguntémonos por último, también frente
aquella realidad, si verdaderamente corresponde al Derecho Penal resolver el
fenómeno de la criminalidad, cuando su fundamento filosófico hoy se debate
entre servir como un mecanismo de control social, protector de determinados
bienes jurídicos o represivo preocupado sencillamente, por la vigencia y
restablecimiento de la norma penal cada vez que es quebrantada.
Si la respuesta a la pregunta formulada
es afirmativa, sólo resta aceptar el compromiso y comenzar a trabajar en una
verdadera política criminal, eso sí ajustada a la realidad advertida en
párrafos anteriores, tan efectiva y democrática que sin violar los derechos
humanos, nos permita a su vez ponderarlos en función de la obligación que
demandamos cumpla el Estado Moderno de Derecho Constitucional de arrostrar la
criminalidad.
En cambio si la respuesta es negativa,
consideramos que nuestra ciencia debe colaborar con otras en especial,
ofreciendo su sistema a la criminología y se sirva de él para “curar la enfermedad”, conforme a su
diagnóstico de la criminalidad.
Permitiendo a los sociólogos, sicólogos y
siquíatras sanar primero, a quienes sueñan con un “mundo gótico” y se promueven como parte de una “subcultura de contra cultura”, segundo
a los que la vida cotidiana sólo un trauma ha significado y por último, la de
aquellos cuyos crímenes responden a una patología o son parte de una lucha
ideológica.
Asegurándoles a los economistas un
mercado nacional, internacional o globalizado libre y mucho más justo, donde la
oferta y demanda converjan sin temer que en medio de ambas fuerzas económicas,
aparezca una empresa transnacional, ciudadano extranjero o nacional, o servidor
público con intenciones de apoderarse de las riquezas aumentando los cinturones
de marginalidad y pobreza.
Garantizándole a la Ciencia Política que
la nueva corriente ideológica o forma de gobierno que sirva para administrar el
poder político del Estado Moderno de Derecho Constitucional, jamás sea
aprovechado por una clase política y del poder se valga, para gobernar en medio
de la miseria de un pueblo y sólo en función de su estabilidad en el gobierno,
así como también relegando a un segundo plano, cuantas veces le plazca y le
parezca oportuno, los derechos humanos de sus conciudadanos.
Velando porque los teólogos no vuelvan a
reivindicar la Santa Inquisición, junto a su organizador y principal Magistrado
Inquisidor Tomás de Torquemada, para perseguir a la clase laica dentro del
Estado Moderno de Derecho Constitucional, así como también para no volver a
verlos legitimando el poder político de un gobierno abusivo y arbitrario, o
bien ellos mismos se sirvan de la fe religiosa, aprovechando la ignorancia y
debilidad espiritual de un pueblo, para asumir el gobierno u orientar la
sociedad moderna hacia una lucha o guerra religiosa.
La verdad es que a nuestro juicio, no
compete exclusivamente a nuestra ciencia el Derecho Penal diseñar y fijar una
política criminal para enfrentar la criminalidad, mucho menos cuando de acuerdo
al bosquejo que de la realidad ofrecemos, queda claro que el problema debe
preocuparnos a todos y contrarrestarla primero, reconstruyendo la familia como
núcleo de la sociedad moderna, reforzando los valores morales y éticos, así
como también procurándole una mejor calidad de vida a sus miembros y por
último, convirtiendo los cinturones de marginalidad y pobreza en campos
propicios para el cultivo de la cultura y el deporte.
Frente al combate de la criminalidad
conexa al tráfico de drogas ilícitas que no reconoce las fronteras de los
Estados, PEDRO R. DAVID plantea una
pregunta, cuya respuesta exige la adopción de un nuevo esquema penal y cuando
convengamos adoptarlo a nuestro juicio, revolucionaría todo el ordenamiento
jurídico penal. En efecto, él considera que es tiempo de preguntarnos:
“si es hoy apropiado nuestro modelo
tradicional del delito que lo ubica sólo en los márgenes de la legalidad, y si
no debemos cambiar ese imaginario social por otro donde las forman hoy vigentes
de la legalidad y de la criminalidad debieran mejor representarse como dos
caras de una misma moneda que se abastecen una en relación con la otra, aunque
a veces se conflictúen agónicamente. De hecho, la globalidad, dentro del
profundo cambio cualitativo de la sociedad que aún concebimos como vigente en
el imaginario social, cuando es otra la realidad, implica que esas enormes
sumas que se originan en incontables despojos del delito transnacional,
alimentan los circuitos bancarios y financieros internacionales.
Son así las fuentes más directas de un trastocamiento
de las instituciones democráticas y republicanas en todos los países sin
excepción, y han puesto al margen un sistema jurídico penal concebido para
sociedades nacionales tradicionales y no para agregados heterogéneos de la
sociedad vicariante global y universal insolidaria que afrontamos a fines del
milenio. Por ello también la sensación de desprotección y desamparo de los
habitantes del planeta frente al colapso de las soluciones jurídicas penales de
otro tiempo, esto es, el que pervive hasta hoy en todas las sociedades y que
recién comienza un nuevo enfoque de renovación ideológica y conceptual sin
haber llegado aún a las etapas de concreción del cambio imprescindible porque
tampoco hay una nítida concepción de la nueva realidad socio-política y
cultural.
Piénsese
cuidadosamente en el poder de corrupción de estas enormes sumas en manos de
sistemas económicos y financieros pujantes, socios privilegiados del sistema de
legalidad mundial añadido a los grandes cambios de la humanidad. Es así como
las instituciones del sistema penal en todo el mundo, policías, fiscales, jueces
y los estamentos del poder político republicano, legislaturas, parlamentos,
prensa o los del poder administrador, se encuentran en un bajísimo nivel de
credibilidad.
Por
otra parte hay Estados y naciones convertidos en agentes protagónicos de la
legalidad, ya que el delito organizado se encuentra simbióticamente
estructurado en ellos, conviviendo sin distinción alguna con las instituciones
de la aparente democracia.”[3]
Por nuestra parte, no compartimos la
opinión del autor cuando de ella comprendemos que propugna por el relajamiento
del principio de legalidad, frente a la criminalidad globalizada; pues,
preferimos seguir honrándolo al igual que los derechos humanos. Sin embargo, sí
comparto la tesis que en el combate de la criminalidad en materia de narcotráfico
y delitos conexos es necesario, muchas veces, sacrificar algunas de las
Garantías Fundamentales de quienes viven de la criminalidad, en función de la
salvaguarda y resguardo de los Derechos
Fundamentales o Derechos Humanos de los que creemos en una sociedad mejor, más
democrática y justa socialmente.
Concluimos entonces que a nuestro juicio,
las naciones jamás deben claudicar en la lucha contra la droga; porque su
existencia está en juego, a menos que se resignen a compartir el gobierno con
los amos y señores de la droga. Recordemos sólo por un instante cuando uno de
ellos, cuyo nombre preferimos no recordar, por evitar su extradición como
nacional de un Estado, ofreció a sus gobernantes asumir el pago de la deuda
externa de la hermana República de Colombia. Oferta que demuestra parte del
poder con que cuentan y el desprecio que tienen hacia el sistema social y
democrático.
Ahora bien, sin pretender justificar o
defender la medida jurídico procesal adoptada por nuestros hermanos históricos,
cuando sus Diputados miembros del Congreso aprobaron la extradición de sus
conciudadanos hacia los Estados Unidos de América, para que fueran procesados
por encontrarse involucrados en el tráfico internacional de drogas ilícitas, no
olvidemos que lo hacen en medio del asalto al Palacio de Justicia, ordenado y
patrocinado por los jefes del cartel de Cali y Medellín, donde asesinan a casi
todos sus Magistrados y a su Magistrado Presidente, el célebre Maestro del
Derecho ALFONSO REYES ECHANDÍA,
hecho sin precedente en la historia universal.
En fin, consideramos necesario cambiar la
estrategia y reorientar la batalla buscando minimizar el consumo de las
substancias ilícitas de tal manera, que los esfuerzos y recursos disponibles no
se concentren sólo en combatir su producción y trasiego tanto a nivel nacional
como internacional. Por tanto, abrigamos la esperanza que se diseñe una
programa dirigido a la reconstrucción de la familia; porque a nuestro juicio,
ahí está gran parte de la solución al problema de las drogas ilícitas,
específicamente con miras a reducir su
consumo notablemente y que abraza a nuestra juventud.