La seguridad
ciudadana no es un asunto fácil de tratar y en especial sino se tienen claros
sus objetivos, situación que vemos reflejada en la sociedad panameña. Hoy por
hoy, enfrentar los problemas que encierra, a nuestro criterio, requiere de un
nuevo “contrato social” dentro del moderno Estado Social y Democrático de
Derecho. No hablo de adoptar otro eslogan para promover un nuevo plan de
seguridad, porque la criminalidad criolla ya nos tiene sin manos, familiares, amigos,
vecinos, barrios, veredas, aceras y calles, a pesar de los programas “mano
dura” y “mano amiga” ejecutados por los dos últimos gobiernos y cuidado con el
que está por iniciar, que terminamos perdiendo las pocas “calles seguras” que
aún quedan por ahí.
El nuevo “contrato
social” al cual nos referimos requerirá de nuestra parte, redefinir una nueva
sociedad dada la evidente quiebra de aquella clásica diluida en el tiempo por
no saber resistir los embates de la actual, que pondera los valores morales y
éticos tradicionales de manera distinta y hasta dispuesta está de trastocar las
estructuras básicas de la sociedad tradicional, adoptando otros ajenos a la
espiritualidad como esencia natural del ser humano de tal manera, que la
materialidad va malogrando la sociedad actual y hace de cada uno de sus
miembros presa fácil de la criminalidad, claro está, tras el fracaso de todos
aquellos cuyas ciencias preocupa la humanidad como fenómeno objeto de estudio.
Resulta interesante
preguntarnos los penalistas y criminólogos frente aquella realidad, será que la
solución al fenómeno de la criminalidad la tiene por ejemplo, la sociología,
sicología o siquiatría forjando mejores sujetos y sanando a quienes en medio de
esta vorágine social conforman la sociedad panameña; acaso la economía
procurando una mejor distribución de las riquezas y calidad de vida; la Ciencia Políticala Teología que a cambio de
la creencia en un ser superior y un buen comportamiento, nos ofrece pasar a una
mejor vida.
La pregunta es
justa además, porque los penalistas actualmente debatimos el fundamento
filosófico de nuestra ciencia bien, entre servir como un mecanismo de control
social o como instrumento represivo para proteger determinados bienes jurídicos
o para restablecer la vigencia de la norma penal cada vez que es quebrantada
sencillamente. Es también oportuna, porque el Derecho Penal pareciera
encontrarse en un encrucijada entre la prevención y represión del delito, y la Criminología que a
pesar de conocer las posibles causas de la criminalidad y contar con un
diagnostico, carece de un sistema propio para enfrentarla y contrarrestarla al
tiempo que los gobiernos rehúsan escuchar a sus expertos y continúan buscando
la solución de la criminalidad, respondiendo con una “hipertrofia o hemorragia
legislativa” tipificando conductas y aumentando penas.
Será que toca permitir
a los sociólogos, sicólogos y siquiatras que sanen primero a quienes sueñan con
un “mundo gótico y se promueven como una “subcultura de contra cultura”,
segundo a los que la vida cotidiana sólo un trauma ha significado y por último,
la de aquellos cuyos crímenes responden a una patología, parte de una lucha
ideológica o modo de vida. Asegurarles a los economistas un mercado globalizado
y libre de barreras artificiales o legales donde no aparezcan empresas
transnacionales con intenciones de apoderarse de las riquezas de los países
aumentando los cinturones de pobreza y marginalidad. Garantizarles a
politólogos que no surja una clase política que del poder político se valga,
para gobernar en medio de la miseria de nuestros pueblos y relegando a un
segundo plano, cuantas veces le plazca y le parezca, los derechos humanos de
los conciudadanos. O bien por último, cuidar que los religiosos nos guíen por
los senderos del bien sin aprovecharse de la ignorancia y debilidad espiritual
de los pueblos.
Mientras tanto,
considero que ya es tiempo de aceptar un nuevo compromiso y comenzar a trabajar
en una verdadera política criminal ajustada a la realidad advertida, eso sí,
tan efectiva y democrática que sin violar los derechos humanos permita
ponderarlos en su justa dimensión y en función de la obligación que demandamos
del moderno Estado Social y Democrático de Derecho de arrostrar la criminalidad.
La verdad es que se trata de un problema que nos embarga a todos y su solución
nos debe preocupar por igual; y como vemos no compete al Derecho Penal
exclusivamente; comencemos por reconstruir la familia como núcleo de la
sociedad, reforcemos con educación los valores morales y éticos que aunque
incólumes reiteramos, ahora son ponderados de manera muy “sui generis”; procuremos
a nuestros semejantes una mejor calidad de vida convirtiendo los cinturones de
pobreza y marginalidad en campos para el cultivo de alimentos, la cultura y el
deporte.
Entiéndase bien que
no propongo como en otros países sí, legislar por un “Derecho Penal del
Enemigo” destinado a una parte de la sociedad cuyos miembros no respetan en lo
absoluto al resto de sus semejantes, sino estimar y valorar los derechos y
garantías fundamentales de acuerdo a esta nueva realidad. Sencillamente porque
proliferan quienes sin estar dispuesto a respetarlos claman por su amparo, tras
cada crimen cometido en perjuicio de las víctimas que “somos más pero no locos”
y además, no tenemos porque seguir padeciendo las consecuencias de un Estado
gobernado por una clase política incapaz de cumplir con el sagrado mandato
social de proteger nuestra vida, honra y bienes, a pesar que a nuestras costas
vive enquistado en el poder siempre.
Visto en
perspectiva el problema de la criminalidad conexa al crimen organizado, tráfico
de drogas ilícitas y el lavado de dinero, considero que el moderno Estado
Social y Democrático de Derecho se juega su existencia. Por tanto, vale tener
presente y sin descuidarnos para no vernos, muy pronto, en el mismo espejo de nuestros
hermanos colombianos, mejicanos y centroamericanos.
